CRÓNICA DE LA LEY QUE NO FUE LEY

Mendoza seguirá sin poder hacer minería metalífera porque su Legislatura derogó la ley 9209 (que contemplaba los controles para cuidar el medio ambiente con todo el rigor necesario), para restablecer la 7722 que le exige a la actividad instrumentos como no lo hace para otras. La intolerancia, la violencia, el desconocimiento, la mala fe y el accionar extorsivo le impidieron contar a la provincia con una norma superadora desde lo sustentable ambiental para dar respuestas a los mendocinos que de verdad quieren cuidar el agua, necesitan trabajar, para disminuir la pobreza, para darle otras alternativas productivas a aquellas que expulsa a los jóvenes del campo a la ciudad, que cada día se achican más gracias a las ineficiencias de quienes las llevan a cabo por quedarse aferrados a sistemas desactualizados en un mundo cada vez más tecnologizado y globalizado.


ENVÍO DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY 7722
ENVÍO DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY 7722

El Gobernador Rodolfo Suárez el 10 de diciembre envió su primer proyecto de ley a la Legislatura para modificar la Ley 7722, cumpliendo una propuesta de su campaña electoral.


Los principales puntos de la propuesta eran eliminar las prohibiciones y solo se mantenía ese status para el mercurio. El resto de las sustancias estarían permitidas pero con "uso sustentable y responsable". Se permitían todas las sustancias químicas habilitadas en la Argentina.

La otra reforma clave era que le quitaba el requisito del aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental a los proyectos minero

En la propuesta se incluyeron las leyes que fueron sancionadas luego de la 7722, como la de ordenamiento territorial y el Plan Provincial de Ordenamineto. En ese sentido, quedaban incorporados algunos conceptos como la potestad de los municipios de autorizar o no el desarrollo de algunas actividades.

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APORTES DESDE EL JUSTICIALISMO
APORTES DESDE EL JUSTICIALISMO

El Partido Justicialista, días después, expresó que apoyaría los cambios en la norma con algunas modificaciones.


Para “garantizar la contaminación 0% del agua” propuso un control ambiental efectivo; cuidado estricto del agua que debería ser financiado con fondos de las regalías de la actividad. Como tercera condición crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad. Zonificación de la provincia tomando como criterio fundamental la existencia de licencia social para la actividad minera metalífera. En este caso, adelantó que el único departamento habilitado para la explotación minera sería Malargüe.

El gobernador Suarez afirmó que los aportes que había hecho el PJ le parecen “muy bien".

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APROBACIÓN LEGISLATIVA
APROBACIÓN LEGISLATIVA

Por 29 votos contra 7, la Cámara Alta le dio sanción. En el oficialismo, votaron en contra Leonardo Viñolo, Ernesto Mancinelli y Fernando Alín. En tanto, por el PJ, también se expresaron en contra Andrea Blandini y Bartolomé Robles. A ellos hay que sumar uno de los más férreos militantes antimineros: Marcelo Romano, de Protectora, y en el mismo sentido se expresó Lautaro Jiménez, del FIT.


El diputados también hubo una abrumadora mayoría por la modificación. Se abstuvo Mercedes Llano (PD) y votaron en contra :Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora. Por Cambia Mendoza lo hicieron Jorge Difonso, Mauricio Torres y Maricel Arriaga. MaileRodriguez (FIT). Frente de Todos: Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González.

Principales puntos del texto aprobado

1- A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad, establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales. En el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Convenio de Minamata, prohíbase el uso de mercurio en la Provincia de Mendoza en todas sus formas.

2- Los efluentes generados como consecuencia de la actividad, deberán cumplir con los parámetros máximos permitidos en la Resolución Nº 778/96 del Departamento General de Irrigación y normas subsiguientes.”

3- “Artículo 3 Todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) deberá contener los informes sectoriales Municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y de otros organismos que considere la Autoridad de Aplicación como necesarios. Además se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley Provincial Nº 5.961 – Preservación del Medio Ambiente

4- Se establece, que en lo que respecta a la Evaluación y Control Ambiental de la actividad minera se designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial u organismo que la reemplace, creando dentro de ésta la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, debiendo afectarse al funcionamiento de la misma, los fondos provenientes de las Tasas de Fiscalización y Control Ambiental. La Policía Ambiental de Actividades Extractivas tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. La misma deberá ser especializada en cada una de sus áreas de actuación y estar dotada de recursos suficientes y una organización regionalizada, que contemple la presencia efectiva y constante en los lugares del territorio provincial en los que se desarrollen las actividades a ser controladas. Asimismo, en lo que refiere a la preservación y uso del agua, el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas. La participación ciudadana en el control ambiental de las actividades mineras se realizará a través de la Red de Vigilancia Ambiental, prevista en el artículo 34 del Decreto Provincial Nº 820/06 u otras que se conformen, incluyendo a tales efectos a las Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos.

5- En todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local.

6- Créase la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. Dicha Comisión deberá informar anualmente el estado del ambiente en la Provincia en relación con la actividad minera y petrolera, y el cumplimiento o no, por parte del Poder Ejecutivo y las empresas de las normas de cuidado y preservación del agua y el ambiente, contenidos en la legislación nacional, provincial y en la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente.

7- Sin perjuicio de los montos percibidos en concepto de regalías mineras, créase el Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, 50 % destinado a financiar obras de modernización del sistema de transporte, distribución y aplicación de agua, tanto para la actividad agrícola-ganadera, industrial, impermeabilización de cauces, canales e hijuelas del sistema hídrico de la Provincia, trabajos de sustitución del riego por manto por técnicas de riego que optimicen el recursos hídrico disponible en fincas y para el consumo humano. También se deberán contemplar aquellas obras para dar tratamiento y reuso a los efluentes cloacales. El cincuenta por ciento (50%) restante se destinará exclusivamente a obras de infraestructura vial y de servicios en los municipios en donde se localicen los proyectos.

8- Todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables y las obras civiles afectadas deberán ser diseñadas y dirigidas por profesionales habilitados, y serán aprobadas e inspeccionadas por la autoridad competente. En el caso específico de los diques de cola deberá darse participación en el diseño y monitoreo de los mismos al Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) u organismo que lo reemplace.”

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GANARON LOS ANTISISTEMA
GANARON LOS ANTISISTEMA

Pese al alto número de legisladores que aprobó la ley 9209, la izquierda troquista antisistema, el Arzobispado de Mendoza, varios legisladores que la votaron en contra más el apoyo de los intendentes de Las Heras, San Carlos y General Alvear comenzaron una campaña para que la norma no se llegara a aplicar. Llamaron a la flamante pieza legal “ley cianuro”. El miedo y la desinformación fueron ganando terreno en las redes sociales.


La psicosis se desparramó como un sendero de pólvora que se prende fuego. Así, mucha gente, incluso bien intencionada, comenzó a cuestionar ley y empezaron las movilizaciones, una de ella dejó 16 policías heridos y 45 antimineros detenidos. El justicialismo en su conjunto tomó distancia, le siguieron legisladores oficialistas. Las amenazas, incluso de muerte, a quienes osaban pronunciarse por la minería fueron moneda corriente. La intolerancia le ganó a los vínculos familiares y de amistades.

Sólo hubo “banque” explícito a la ley de los intendentes de Guaymallén, Godoy Cruz y Malargüe, que junto a la Cámara de comercio de Malargüe salieron a “poner la cara”. No alcanzó. Informes de inteligencia le advirtieron al gobernador Suárez, que en algún momento detuvo la reglamentación de la norma para abrir un canal de diálogo, que se estaba armando una movilización de 30.000 personas que terminaría incendiando la casa de gobierno. El mandatario, rápido de reflejos, optó por la paz social y con enviar un proyecto derogación que fue rápidamente tratado por los legisladores el lunes 30 de diciembre. Se evitó la violencia de Chile en Mendoza y tal vez en la Argentina. La Ley 9209 no fue ley.

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REPERCUSIONES EN MALARGÜE
REPERCUSIONES EN MALARGÜE

“La raíz cultural minera” de Malargüe, tal como lo definió en un brillante discurso la senadora Silvina Camiolo, estuvo presente y las voces pro mineras fueron mayoritarias. También hubo personas que pusieron reparos a la actividad, básicamente, por desconfiar de los controles propuestos.


Desocupados mineros cortaron en dos oportunidades la ruta nacional 40, al norte y al sur de la ciudad.

El intendente Ojeda y el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Miras, fueron las voces que llevaron “la voz cantante” a favor del desarrollo minero metalífero.

CONTRA LA LEY MINERA




Mauricio López (Frente de izquierda): “No asumimos el consenso social en Malargüe para con la megaminería metalífera. Queremos que se rediscuta la matriz productiva sin poner en riesgo nuestra fuente mayor de vida que es el agua. Súarez y el PJ llevaron a la Legislatura un proyecto antipopular. No hay que abandonar la organización, no hay que abandonar la calle”.



Lelia Di Paolo (Comerciante): “Estoy defendiendo el agua de Mendoza. Hay que ir a discutir bien las cosas para seguir protegiendo el agua y nuestro ambiente. Siempre recibo cuestionamientos por ser alvearense, pero me considero malargüina porque hace más de 30 años que estoy acá y defiendo el agua, el suelo, el aire de Malargüe. Elegí vivir en Malargüe por la naturaleza. No me iría nunca, entonces la tengo que cuidar y defender”.

A FAVOR DEL DESARROLLO MINERO



JUAN MANUEL OJEDA: “El gobernador por impulsó una ley de avanzada, que iba a poner a Mendoza a la vanguardia. Ahora voy a recorrer cada departamento de la provincia para que los mendocinos conozcan el potencial a desarrollar de Malargüe. Apuesto al diálogo y a la racionalidad, para que podamos encuentrar, en un futuro no muy lejano, el progreso y el desarrollo”.



GUSTAVO MIRAS: "Priorizamos la paz social por encima de aquellos beneficios que nos hubiese traído el desarrollo minero. Se derogó la ley en su totalidad, sin excepción para Malargüe, como llegamos a pedir. Vamos a ser una mea culpa de nuestra parte, creemos que la información que recibieron los mendocinos en su mayoría fue poca. En este departamento hay consenso social. Tocará hacer un trabajo de educación y de educación sobre los controles que tiene la actividad minera para darle garantía a todos los ciudadanos".



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